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Lunes, 01 Octubre 2012 10:57

Fomento confirma que los regionales que sobrevivan serán prestados por concesionarias

Escrito por 
Tren regional de Feve en Mataporquera (Cantabria) Tren regional de Feve en Mataporquera (Cantabria) Fernando Puente

El Ministerio de Fomento reveló la semana pasada, aunque de forma indirecta, cuáles son sus planes para los servicios ferroviarios de transporte de viajeros que se van a excluir de la regla general -su liberalización total a partir de julio de 2013- y que son aquellos que por sus características son deficitarios por definición: Regionales y Cercanías. Conforme al plan detallado por el gobierno de España, la gran mayoría de ellos -los que sobrevivan al recorte que se prepara- pasará a prestarse por una o varias empresas concesionarias.

Cumpliendo con la penosa tradición de presentar un nuevo plan de infraestructuras con cada cambio de Gobierno, el Ministerio de Fomento publicó la semana pasada un documento en el que recoge las líneas maestras en materia de transportes para los próximos años (2012-2024), y en el que el departamento que dirige Ana Pastor viene a cumplir con el guión -apenas esbozado en público- que ha previsto para la liberalización del sector ferroviario.

Confirma así que la definición de los servicios calificados como Obligaciones de Servicio Público (OSP), usando la terminología de la legislación europea actualmente en tramitación y cuya vigencia el Gobierno adelanta varios años, incluirá en todo caso a las redes de Cercanías y a aquellos servicios de media distancia que superen "el análisis de eficiencia, rentabilidad económica, social y medioambiental".

O lo que es lo mismo: Cercanías y todos aquellos regionales que consigan sobrevivir al recorte de cerca de más de 60 servicios que Fomento ha preparado y flitrado ya a algunos medios de comunicación, pero cuyo listado concreto no se publicará previsiblemente hasta después de las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco (se celebran el 21 de octubre).

El Gobierno señala que el objetivo del nuevo régimen, en el que el sector público pone el dinero y el sector privado presta el servicio, será favorecer "una competencia por el mercado (concesiones) en aquellos que tengan la componente de OSP" (página 118). El reconocimiento explícito por parte de Fomento implica así que todos los servicios calificados como OSP deberán ser sacados uno a uno a concurso por la Administración General del Estado -o por la Comunidad Autónoma allí donde se haya transferido- y adjudicados a una empresa concesionaria.

El enésimo plan de transportes de Fomento precisa además que se "definirán los correspondientes Contratos de Obligación de Servicio Público para articular estas relaciones entre la AGE y las operadoras de servicios de transporte ferroviario de viajeros y para establecer la compensación que el Estado deberá pagar en cada caso y la fórmula para su cuantificación".

A la vista de las previsiones de Fomento, las líneas básicas del modelo concesional no diferirán demasiado del que actualmente se aplica en Reino Unido -aunque en allí no como sistema residual de la larga distancia, sino como sistema generalizado-, y en ese sentido Fomento señala que en los contratos se incluirán "cláusulas exigentes de calidad en la prestación de los servicios, con incentivos y penalizaciones".

El ejecutivo precisa además que el Estado y las concesionarias compartirán el riesgo de demanda "para incentivar la labor comercializadora del operador" y que la concesionaria se hará responsable "del incremento" de aquellos costes que gestiona directamente. Por fin, y esto es quizá lo más relevante, Fomento señala que las "compensaciones" a la concesionaria incluirán en todo caso las cantidades dedicadas a pagar por la  infraestructura (cánones).

El Gobierno adelanta además que los servicios que los servicios conocidos comercialmente como AVANT y caracterizados por su fortísimo déficit de explotación (regionales sobre líneas de alta velocidad) también se incluirán en el régimen concesional, aunque de forma jurídicamente independiente.

Fomento detalla además que, tal y como ocurre en la actualidad, los viajeros recurrentes de esos servicios -viajeros de nivel medio-alto que viven, en algunos casos, a 200 km de su lugar de trabajo- seguirán beneficiándose de una subvención y que, "el conjunto de estas medidas supondrá un importante ahorro para la Administración".


Cierre de infraestructuras ferroviarias

El Gobierno ha aprovechado este documento para presentar, también por la puerta de atrás, sus planes para aquellas infraestructuras que podrían ser cerradas (no debe confundirse este capítulo con el recorte ya mencionado de servicios regionales). En una ficha resumen (p.354), se señala que "los criterios para el estudio de cierre de líneas" de ancho ibérico serán:

  • Producción: tráfico < 300 circulaciones mensuales
  • Calidad de la línea: velocidad comercial <75 km/h
  • Eficiencia: coste unitario del viajero*km transportado (>0,15€/viajero*km)
  • Superposición con red AV (análisis de uso de la línea tras la puesta en servicio de un nuevo tramo de AV)
  • Accesibilidad territorial (comparación con autobús)
  • Potencialidad para tráfico de mercancías

 

Fomento publica así, al fin, los criterios a los que se atendrá a la hora de decidir cuáles de las líneas de ancho ibérico que actualmente permanecen en servicio deben ser cerradas. Hace sólo unas semanas, la Comisión Nacional de la Competencia afeaba precisamente al Gobierno que dichos criterios -siquiera en su versión más general- no hubiesen sido publicados y fijados mediante una norma de rango de ley.

Pese a que Fomento califica la eficiencia económica como principal luz para interpretar y aplicar ese listado de parámetros más o menos objetivables, el departamento dirigido por Ana Pastor se advierte a sí mismo en su plan general de transportes de que esa eficiencia deberá ser "matizada por posibles consideraciones políticas o estratégicas que pudieran concurrir".

 

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