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Lunes, 23 Julio 2012 20:41

El Gobierno divide Renfe y abre la puerta a su privatización parcial

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El Consejo de Ministros dio el pasado 20 de julio, mediante el Real Decreto-ley 22/2012, el primer paso para la eliminación de Renfe como operadora global que presta servicios de viajeros de todo tipo, desde cercanías a alta velocidad, y el establecimiento de un marco legal que permita la privatización de varias de sus unidades de negocio y que deje espacio para la necesaria liberalización del sector.

La norma tiene apenas cuatro páginas de extensión (sin contar su exposición de motivos), y parece más una jaculatoria, puede que dirigida a los mercados de deuda, que la revolución total del sector que el Gobierno viene planteando desde hace meses. Contiene, pese a todo, varias medidas que avanzan en la liberalización por fascículos a la que se nos ha acostumbrado últimamente.

Como punto fundamental, la mini-norma prevé la creación de cuatro sociedades mercantiles, el 100% de cuyas acciones pertenecerán de momento a Renfe-Operadora, y que corresponden a otras cuatro actividades singulares. La calificación de las nuevas unidades como sociedades mercantiles (derecho privado) en lugar de como empresas estatales (derecho público) implica que todo su capital puede ser vendido en el momento en que la propietaria (Renfe) lo decida. Así, la empresa pública pasará a ser una carcasa prácticamente vacía que contendrá a su vez:

1.-Una sociedad encargada del transporte de viajeros. Eso incluye la gestión de los servicios de alta velocidad/larga distancia, media distancia (o regionales) y cercanías, cuya privatización inmediata no parece estar sobre la mesa.
2.-Una sociedad que aglutinará toda la actividad de transporte de mercancías y que será privatizada, aunque aún sin fecha, para desmayo del resto de actores del sector, que llevan años viendo cómo se aplaza una y otra vez la que debería ser la acción más urgente para fomentar la libre competencia en el sector.
3.-Una sociedad encargada del mantenimiento de los trenes, a la que la primera pagará por sus servicios, y que según lo que se comenta en distintos mentideros es también muy privatizable.
4.-Una sociedad financiera, que tendrá la propiedad de todos los trenes y que los alquilará -previsiblemente en régimen de arrendamiento financiero (o leasing)- a su principal cliente, la primera de las cuatro de este listado y, lo que es más importante, al resto de operadores que entren en el sector: éstos serán fundamentalmente competidores en alta velocidad y, en su caso, aquellas empresas que se adjudiquen la explotación de los servicios calificados como Obligaciones de Servicio Público y licitados por la administración. Junto a la de mercancías, es la sociedad con más papeletas para ser privatizada.

El decretito modifica además la Ley del Sector Ferroviario y señala que desde el 1 de julio de 2013 todo el mercado de transporte ferroviario de viajeros queda abierto a la libre competencia. Se trata en cierto modo, y de momento, de un brindis al sol, ya que para ser efectiva tendrá que venir acompañada por modificaciones normativas de mucho calado.

En la misma línea, el Gobierno oficializa al fin la división de Feve (anunciada hace más de dos meses, y su reparto entre Adif y Renfe, aunque precisando apenas la fecha (el 31 de diciembre próximo) e invitándose a sí mismo a publicar cuantas normas sean necesarias para tal fín. La norma señala que todo lo que no sea infraestructura pasará a Renfe-Operadora, para ser luego distribuido entre las cuatro sociedades mercantiles mencionadas.

Señala además que, sin perjuicio de esa liberalización con efectos dentro de un año, aquellas comunidades con cercanías y regionales traspasados pueden “disponer” de ellos con efecto inmediato, en referencia clara a Cataluña, que por tanto podría licitar ya mismo la prestación de esos servicios y adjudicarlos a una empresa distinta a Renfe, al menos en teoría.

En la práctica, esta licitación estará supeditada igualmente a que se complete el proceso de desintegración de Renfe y a la definición de las Obligaciones de Servicio Público: servicios que por sus características no son susceptibles de ser prestados en régimen de libre competencia y deben por tanto ser prestados directamente por la administración competente o indirectamente en régimen de concesión a una empresa privada.

El Decreto del Gobierno concluye anticipando que antes de que acabe el año se decidirá sobre el cierre de algunas infraestructuras que “no generen rentabilidad desde el punto de vista económico y social, previa tramitación del procedimiento previsto al efecto en el artículo 11 de la Ley del Sector Ferroviario”.

 

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