En un texto de redacción contundente, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) afea una vez más el uso y abuso de la vía del Real Decreto-Ley para legislar sobre cuestiones que no tienen nada de urgente, y critica además el alcance parcial de la reforma al señalar que su contenido "es, en determinados aspectos cruciales para el futuro funcionamiento de estos mercados, claramente indeterminado (...), y por otra parte tampoco aborda otros elementos regulatorios de calado para que la introducción de competencia y que la liberalización sean efectivas".
Tras señalar de forma específica que la mini-norma de julio no altera en nada la regulación actual en lo relativo a la adjudicación de capacidad, que da preferencia a Renfe frente a cualquier otro operador, la CNC defiende que tiene vela en este entierro y recuerda que desde el pasado mes de marzo está preparando un estudio sobre la competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril en España.
En el apartado de observaciones específicas, la Comisión defiende que la división de Renfe en cuatro sociedades mercantiles es sólo el primer paso hacia la liberalización, y hace hincapié en que la separación entre esas empresas de derecho privado debe ser efectiva no sólo entre ellas -cita expresamente la independencia total del área de leasing del material ferroviario (la futura o futuras ROSCOs) respecto de las empresas de mantenimiento- sino también respecto del Ministerio de Fomento.
La liberalización real pasa así, para el defensor de la libre competencia, no sólo por la entrada de capital privado en cada una de esas cuatro sociedades mercantiles sino, especialmente, por la eliminación de Renfe como paraguas institucional. La CNC sugiere expresamente que la empresa pública deje de existir y que sus cuatro sucesoras pasen a depender de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. Sólo de esa manera podría asegurarse que el Ministerio de Fomento no interfieriese en el proceso.
"Mediante esta solución", explica así la Comisión, "se reduciría el riesgo a la alineación de incentivos en el desarrollo de los distintos objetos sociales y, por añadidura, se eliminaría el problema que plantea la vinculación del operador incumbente con el Ministerio de Fomento, actual regulador sectorial al cual, además, también están adscritos el Comité para la Regulación Ferroviaria (CRF) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)".
